Por| Iván López
Tapachula, Chis. (Balance México 06 Diciembre 2022).-Ante gestiones de personas que obtuvieron a través de la compra la cesión de derechos de 19 espacios de placas de colectivos y taxis que en su momento la autoridad de Movilidad y Transportes otorgó a la sociedad Cooperativa Corban de Chiapas que ha presidido en forma vitalicia Beatriz Rivera Domínguez quien los comercializó y recibió el dinero pero que hoy se niega a reconocer que no tiene ninguna influencia sobre estas concesiones.
Señalan que la autoridad de la SMyT suspendió cualquier trámite correspondiente con este tema para ambas partes, tanto para el grupo que pagó a Beatriz Rivera y que al poseer los derechos pretenden cubrir los refrendos de las placas que físicamente tienen en su poder y meter a servicio nuevas unidades, como a la sedicente dirigente vitalicia de la sociedad cooperativa que con triquiñuelas pretende recuperar derechos en esos espacios que vendió sin devolver el dinero cobrado ni hacer frente a promesas de nuevas concesiones que aseguraba le serian entregadas por el gobierno.
Este martes el grupo de personas entre los que se encuentras tres mujeres de la tercera edad, que acudieron a la delegación de Movilidad y Transporte en Tapachula ofrecieron una rueda de prensa para informar de la situación, reconocen que de parte de la autoridad ha habido atención e imparcialidad en claro apego a la ley la aplicación de la justicia en torno al caso que ellos enfrentan en contra de la lideresa y señalaron que tienen confianza en que al final se dará la razón a quien le corresponde porque el gobierno tiene la facultad de otorgar las concesiones y no permitirá injusticias.
Entre las declarantes se encuentra doña Hilda Vázquez Reyes quien hizo referencia que hace algunos años compró los derechos de un colectivo de la ruta Unidad Administrativa Centro a Beatriz Rivera Domínguez pagó 800 mil pesos en la cesión que fue notariada, además señala que entregó 325 mil pesos más porque le fue vendida la promesa de una nueva concesión en otra cooperativa a la otorgaría el gobierno nuevas concesiones pero que al paso del tiempo no ha cumplido ni tampoco ha querido regresar el dinero.
Señala que en su caso como el de sus compañeros tienen físicamente las placas y los colectivos trabajando, pero se les pretende quitar esos derechos a través de ilegalidades, por ello han acudido al gobierno para que se impida nuevas acciones ilegales de parte de señora que vendió los derechos.
Por su pate Fernando Gálvez Santiago quien junto con sus compañeros establecieron una nueva organización, una cooperativa que él preside junto con todos los que poseen los derechos de las concesiones, aunque reconocen que no son socios de la cooperativa a la que el gobierno entregó las placas, la de Beatriz Rivera quien no tiene argumentos para defenderse.
Por su parte Abenamar de León Pinto expuso que que la gestión ante la autoridad es para que se haga un deslinde y se otorgue pleno derecho sobre las concesiones que les fueron cedidas, que el gobierno reconozca sus derechos porque hay documentos notariales que sustentan que dieron dinero por ellas, mientras que la otra parte se defiende solo con el argumento que a ella le entregaron las concesiones pero omite señalar que las vendió a miembros de este grupo e incluso se señala que hay otras personas que reclaman derechos porque les vendieron algo que no tenían.
Reconocen que confiaron en Beatriz Rivera que inicialmente administraba las concesiones que había vendido, pero los marcados retrasos en los pagos mensuales condicionaron para que ellos recuperaran físicamente las placas y fueran ellos quienes directamente trabajaran las unidades y no la señora.
