Tapachula, Chis. (Balance México 01 Diciembre 2025).-En Chiapas, donde la violencia contra las mujeres dejó de ser un tema de alarma para convertirse en un retrato cotidiano que nadie quiere mirar de frente, la iniciativa presentada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano, irrumpe como un recordatorio incómodo para quienes ocupan curules: el Estado ya no puede seguir administrando silencios mientras los vacíos legales siguen costando vidas.
La diputada propone tipificar el acecho, o stalking, como un delito autónomo en el Código Penal. Y aunque algunos intentarán minimizarlo como un ajuste técnico, en realidad es un golpe directo a la indiferencia institucional que por años permitió que esta forma de violencia se colara entre las grietas de la ley.
Porque el acecho no es un exceso de imaginación ni un malentendido romántico. Es miedo sistemático. Es vigilancia disfrazada de interés. Es control, intimidación, presencia constante donde no se quiere ni se ha pedido. Es violencia psicológica, digital, sexual y patrimonial que avanza paso a paso hasta que estalla en tragedia. Las defensoras lo han gritado por años: el acecho es antesala del feminicidio. Pero en Chiapas, mientras esa realidad se vuelve más cruda, la ley sigue sin reconocerlo.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al Estado a prevenir y erradicar todas las violencias. Pero esa obligación queda en el papel si el marco penal permanece incompleto. Nombrar el acecho es empezar a frenarlo. Tipificarlo permite que una mujer deje de andar a ciegas en los pasillos institucionales cuando busca denunciar. Por fin habría una figura jurídica que se corresponda con lo que vive: miedo, hostigamiento, persecución.
Además, México no puede fingir sorpresa: la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Agenda 2030 exigen leyes eficaces para combatir la violencia de género. No es un gesto de buena voluntad, es un compromiso firmado. Estados como Nuevo León o Ciudad de México ya avanzaron, demostrando que no se necesita reinventar el país para legislar con sentido de urgencia.
La pregunta inevitable es: ¿Responderá el Congreso de Chiapas a esta realidad o seguirá volteando hacia donde conviene políticamente?
Porque hoy, una mujer que enfrenta acecho no tiene una ruta clara para denunciar. No hay medidas de protección específicas. No hay protocolos. No hay siquiera un reconocimiento legal que dé nombre a su agresor. Está sola, mientras el Estado insiste en que “está revisando”.
Por eso la iniciativa del Artículo 232 Bis no es un trámite más: es un parteaguas político. No arregla todo, es cierto; ninguna reforma penal lo hace. Pero marca un antes y un después en un estado que se ha acostumbrado a reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
Ahora toca al Congreso decidir si las palabras que tanto se prostituyen en tribuna “igualdad, justicia, compromiso, protección”, se sostienen cuando la realidad exige algo más que discursos de ocasión.
La violencia no concede prórrogas.
El miedo de las mujeres tampoco.
Legislar el acecho no es un gesto progresista: es un mínimo de responsabilidad institucional. Un paso pequeño para la burocracia, pero enorme para cada mujer que hoy camina con la sensación de ser observada, vigilada o perseguida.
Porque, aunque a muchos les incomode reconocerlo, para ellas esta no es una discusión técnica ni legislativa, “Es una cuestión de supervivencia”.
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