Tapachula, Chis. (Balance México 22 Febrero 2026).- En la teoría administrativa todo encaja: normas, protocolos, dictámenes, supervisiones. En la realidad social de Tapachula, en cambio, las decisiones de escritorio pueden convertirse en golpes directos a la subsistencia de decenas de familias. El cierre indefinido de la Guardería Instituto Pedagógico Infantil Kids (U-1200) vuelve a poner en evidencia esa distancia entre reglamento y contexto.
El pasado 9 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Departamento de Guarderías en Chiapas, ordenó la suspensión del servicio. La medida atribuida al área encabezada por Maritza Salazar Castillejos dejó en pausa laboral a 40 trabajadoras y sin alternativa inmediata a madres y padres asegurados que dependen del cuidado infantil para sostener su jornada de trabajo.
Aquí no se trata de minimizar la importancia de la seguridad en estancias infantiles; ese es un principio irrenunciable. Pero el caso revela algo más profundo: la aplicación rígida de la norma sin ponderar proporcionalidad ni realidad operativa.
El conflicto gira en torno a un terreno colindante que, según las trabajadoras, no forma parte del inmueble funcional de la guardería ni del contrato vigente con el IMSS. Dicho espacio se rentó hasta diciembre de 2025; la renovación resultó inviable tras un incremento de renta que prácticamente duplicó el costo mensual.
La cuestión de fondo es técnica y lógica a la vez: ¿puede sostenerse un cierre total por un predio externo que de acuerdo con dictámenes privados de Protección Civil bastaría con aislar físicamente y actualizar en planos?
Las empleadas sostienen haber cumplido observaciones: detectores de humo, señalética, bloqueo de accesos. Sin embargo, nuevas exigencias: extintores, cámaras y señalización en un terreno ajeno al inmueble principal derivaron en la suspensión indefinida. El resultado es un efecto desproporcionado, se castiga la operación completa sin evidencia pública de riesgo directo en el área donde permanecen niñas y niños.
Las primeras afectadas son las 40 trabajadoras, todas mujeres, que dependen de ese ingreso. Pero el daño se expande: madres y padres asegurados pierden un servicio esencial para poder laborar. En una ciudad fronteriza donde la economía familiar se sostiene con ingresos diarios, la falta de guardería no es un inconveniente menor; es un factor que puede empujar al abandono laboral o al gasto extra en cuidados informales.
Paradójicamente, una medida orientada a la seguridad termina generando precariedad laboral y presión económica en hogares que ya operan al límite.
Es comprensible que el IMSS mantenga estándares estrictos tras antecedentes nacionales que obligaron a reforzar la supervisión de guarderías. Nadie discute ese aprendizaje institucional. Lo que sí está en debate es la proporcionalidad: si el riesgo es indirecto o subsanable, la autoridad tiene margen para medidas correctivas sin paralizar el servicio.
Por ello, trabajadoras y familias solicitan la intervención directa del director general del IMSS, Zoé Robledo, así como del delegado estatal en Chiapas, para una revisión técnica independiente que permita distinguir entre riesgo real y formalismo administrativo.
La manifestación anunciada frente al Departamento de Guarderías no surge de agendas partidistas. Es un reclamo laboral y social: 40 mujeres piden volver a trabajar; decenas de familias piden recuperar un servicio esencial. El caso pone a prueba la coherencia institucional en tiempos donde el discurso público enfatiza empleo, bienestar y justicia social.
La autoridad debe garantizar seguridad, sí, pero también escuchar, revisar y corregir cuando la aplicación de la norma genera efectos desproporcionados. Porque cuando el reglamento se aplica sin contexto, la burocracia deja de ser orden y se convierte en asfixia.
