Por | Cristian Alegría
Activistas y organizaciones exigen que se garantice el debido proceso en la audiencia de vinculación contra Luis García Villagrán, defensor de migrantes detenido en Tapachula, y que cese su criminalización.
Tapachula, Chiapas (Balance México 10 de agosto de 2025).-Este lunes 11 de agosto se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso del defensor de personas migrantes Luis García Villagrán, detenido el pasado 5 de agosto en Tapachula, acusado de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas.
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación y exigieron que se garantice su derecho al debido proceso. En un pronunciamiento señalaron: “Exigimos que se garantice el debido proceso y se salvaguarden los derechos humanos del defensor de derechos humanos Luis García Villagrán”. También pidieron “el cese inmediato de su criminalización, así como de toda narrativa oficial que lo condene antes de ser juzgado”.
Los activistas denunciaron que, tras su detención, García Villagrán fue “criminalizado desde la tribuna presidencial”, lo que consideran una grave violación al principio constitucional de presunción de inocencia y una presión indebida en el proceso judicial.
Cabe destacar que Luis García Villagrán ya enfrentó un proceso penal en 2007, durante el cual fue víctima de tortura y se cometieron violaciones a sus garantías procesales. Finalmente, resultó puesto en libertad mediante un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 2019 es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a las amenazas y riesgos derivados de su labor como activista en la frontera sur de México.
La detención ocurre en un contexto político sensible, justo antes del inicio de una caravana migrante en Tapachula que busca visibilizar la falta de respuestas institucionales para que las personas migrantes puedan acceder a un proceso de regularización migratoria.
Las organizaciones advirtieron que el caso forma parte de un patrón global de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, donde se equipara el trabajo solidario con delitos graves, lo que pone en riesgo el derecho legítimo a defender y denunciar injusticias.
Por ello exigen que se garantice plenamente el debido proceso sin interferencias ni estigmatización mediática, que se respete el principio de presunción de inocencia evitando narrativas que condenen antes de fallo judicial, que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial actúen con independencia y apego estricto a derecho, la libertad inmediata de Luis García Villagrán si no existen pruebas claras en su contra y la protección de su integridad física y moral, así como que se garantice su derecho a defender los derechos humanos.
