Por| Cristian Alegría 

Tapachula, Chis. (Balance México 26 Marzo 2026).-Padres y madres de familia de distintos planteles del municipio de Suchiate se concentraron en el puerto fronterizo Suchiate II para visibilizar la falta de atención a escuelas que permanecen dañadas desde el sismo de 2017, problemática que, aseguran, continúa sin resolverse pese a años de gestiones.

Padres acusan a INIFECH por abandono de escuelas y advierten bloqueo en Suchiate

De acuerdo con los representantes, son alrededor de 50 escuelas las que presentan afectaciones estructurales, varias con daños que requieren demolición, sin que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) haya ejecutado los trabajos correspondientes.

Señalan que, pese a acuerdos previos, ahora se pretende que sean los propios padres quienes realicen las demoliciones, lo que rechazan por el riesgo que implica.

“Quieren a fuerza que nosotros hagamos la demolición de las escuelas, pero puede haber un accidente porque nosotros no estamos capacitados”, señaló Javier Ovilla Estrada, representante de padres de familia en la región.

En el tema del servicio eléctrico, denunciaron que al menos 20 planteles continúan sin el pago cubierto por las autoridades, por lo que el gasto sigue recayendo en los padres de familia, sin avances reales en la regularización.

Los inconformes también acusaron falta de atención directa por parte del delegado regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, a quien señalan de no acudir a una mesa de trabajo en Ciudad Hidalgo y limitar la comunicación a llamadas telefónicas sin soluciones de fondo.

Por su parte, la Unión de Ejidos de Suchiate manifestó su respaldo al movimiento y advirtió que, de no ser atendidas sus demandas, las acciones podrían escalar en los próximos días.

“Si no nos ponen a una mesa de atención, pasando vacaciones tomaremos el puente Suchiate número 2 internacional”, advirtió José Manuel Ovalle Sosa, dirigente ejidal.

Los manifestantes indicaron que más de 5 mil estudiantes continúan tomando clases en condiciones que consideran de riesgo, mientras las demandas por demolición de estructuras dañadas y el pago del servicio eléctrico siguen sin ser atendidas.

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