Huixtla, Chiapas.(Balance México, Enero 21). Padres y madres de familia de la escuela preparatoria “Alberto Caralampio Culebró” expresaron su inconformidad ante el incremento del costo de reinscripción para los semestres segundo, cuarto y sexto, el cual pasó de 600 a 850 pesos, sin que mediara una reunión general ni un acuerdo previo con la comunidad escolar.
De acuerdo con los inconformes, el aumento de 250 pesos resulta excesivo y fue aprobado sin consultar a los padres de familia, a pesar de que este tipo de decisiones deben tomarse de manera colegiada entre la dirección escolar y el comité de padres. Aseguran que la medida fue determinada de forma unilateral por la directora del plantel, con la anuencia del propio comité.
Los denunciantes también señalaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, particularmente los ingresos provenientes de la cafetería escolar y otras aportaciones. Indicaron que la actual directora, Ninfa Sosa Merchant, no habilitó una cuenta bancaria para el cobro de reinscripciones y otros trámites, optando por recibir los pagos en una caja instalada dentro de la escuela, situación que ha generado desconfianza entre los tutores.
Padres de familia afirmaron que esta forma de operar abre la puerta a la opacidad en el manejo del dinero, por lo que en los próximos días exigirán transparencia y rendición de cuentas, recordando que los recursos deben administrarse de manera mancomunada entre la dirección y el comité de padres.
Asimismo, la directora es señalada por presunto hostigamiento laboral, manejo indebido de las cafeterías y contratación de personal eventual sin autorización correspondiente, lo que ha generado un ambiente de inconformidad dentro del plantel.
Ante esta situación, los padres advirtieron que, de no obtener respuesta, podrían tomar las instalaciones de la preparatoria y solicitar la intervención de la Secretaría de Educación, para que se investigue y, en su caso, se sancione el actuar de la directora.
Finalmente, recalcaron que su exigencia no es confrontar, sino garantizar que los recursos que aportan sean manejados con claridad y que las decisiones que afectan a las familias se tomen con diálogo y respeto a la comunidad educativa.
