Por| Iván López
Cacahoatán, Chis. (Balance México 09 Diciembre 2022).-En forma abierta e insistente mantienen presencia extorsionadores del denominado cobro de piso o impuesto de guerra en Cacahoatán, con lo que el destino de muchos choferes, concesionarios y permisionarios del servicio público de pasaje ha cambiado, tras las visitas de sicarios armados que entregan teléfonos económicos a choferes de organizaciones transportistas para establecer comunicación y hacerlos víctimas de sus peticiones.
Este gremio del transporte en Cacahoatán trabaja y vive con miedo, incertidumbre y zozobra ante las violentas amenazas de muerte y daños si no pagan las cuotas, el asedio de los delincuentes que se desplazan en motocicletas ahuyentaron su la tranquilidad y solo les dejan como alternativas el pagar, dejar la actividad o huir.
Se señala que en caso de que no haber resultados concretos y positivos a la brevedad, la inquietud y la necesidad será paralizar el servicio por 6 horas en fecha próxima en todos los municipios donde se vive este fenómeno como una forma de expresión de que las publicitadas mesas de seguridad no están funcionando en el combate a este flagelo.
En Cacahoatán el asedio a los choferes y directamente a los concesionarios de rutas foráneas de la cabecera municipal de Cacahoatán hacia comunidades rurales y hacia Tapachula es persistente, la autoridad de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad y gobierno tuvieron conocimiento del primer caso ocurrido en una terminal del centro de Cacahoatán e implementaron vigilancia y operativos, que están siendo burlados por los delincuentes que mantienen vigentes sus amenazas.
Los delincuentes han subido de tono sus amenazas señalan a través de llamadas vía WhatsApp o mensajes que presuntamente salen de centros penitenciarios, tienen identificadas a sus víctimas con nombres, números de unidades y han generado pánico que se ha convertido en una historia de terror para muchas familias que han tenido conocimiento de cómo operan estas células delictivas en la costa de Chiapas donde hay acciones en su contra pero que no incide en una disminución l erradicación y se mantienen vigente.
Las denuncias y señalamientos para ventilar el problema ante autoridades han creado un efecto contrario para la paz y la tranquilidad de este gremio, ha habido de las instituciones de seguridad respuesta sin que hasta el momento se haya evitado este fenómeno.
Los intelectuales, los estrategas han evadido la acción de la justicia, solo se ha detenidos a cobradores hombres y mujeres y a los que amenazan y se desplazan en motociclistas en su mayoría pandilleros de bandas trasnacionales en algunos casos menores de edad.
La aplicación de las leyes mexicanas, el accionar de algunos funcionarios ha permitido que abogados contratados por esta mafia que cuenta con recursos económicos producto de las mismas extorsiones enfrenten exitosamente a la autoridad y las penas sean menores.
Chiapas vive una situación extraordinaria por lo que está ocurriendo en El Salvador, Honduras y Guatemala donde el tema se ha desbordado y la delincuencia ha cruzado fronteras hacia Chiapas lo que implica la necesidad de blindar la entidad con la intervención de la federación.
La autoridad debe brindar las condiciones para que se realicen sin tanto tramite las denuncias sin que haya represalias a quienes lo hacen, ya que se presume que esto se filtra, los criminales se enteran y los atacan de forma directa, lo que genera miedo a la denuncia y por consecuencia que se dejen de hacer.
El gremio transportista ha señalado que quiere trabajar honestamente, contribuir al desarrollo económico y productivo de Chiapas, pero no quiere ni represalias ni muertos, piden dejar de lado el tema político y blindar la zona implementando acciones estratégicas de inteligencia que llegue hasta los intelectuales y no solo a integrantes que las bandas que al ser detenidos los suplen con facilidad.
