Por| Redacción ABM
Ciudad de México (Balance México 23 de junio de 2025).-La Cámara de Diputados se prepara para discutir y aprobar una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que permitiría a elementos en activo de la Guardia Nacional competir por cargos de elección popular, mediante una licencia “especial” otorgada directamente por el titular del Ejecutivo o el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), sin intervención del Congreso.
La propuesta forma parte del nuevo paquete legislativo para expedir la Ley de la Guardia Nacional, que establece que todos sus elementos pertenecerán a las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la reforma aprobada en 2024 que oficializa la integración de este cuerpo a la Sedena.
El Artículo 44 de la nueva ley plantea cuatro tipos de licencia para los integrantes en activo: ordinaria, ilimitada, por edad límite y especial. Esta última ha encendido las alertas en la oposición y organizaciones civiles, al permitir —entre otros escenarios— el desempeño de cargos de elección popular por parte de personal militar en activo.
La diputada federal y coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, advirtió que el dictamen abre la puerta a la militarización política del país y que su contenido representa un riesgo grave para la democracia.
“Sí hay un párrafo que a mí me preocupa muchísimo… hay uno que habla de una licencia especial para los de la Guardia Nacional, que en funciones pudieran competir a cargos de elección popular… con el permiso del comandante jefe, o el secretario de la Defensa. Nada más. O sea, no pasa por Senado, no pasa por Cámara de Diputados, no pasa por nadie más. Huele a autoritarismo, a golpe de Estado”, declaró en entrevista con medios.
Diputados alistan reforma que permitiría a militares en activo competir por cargos públicos con aval del presidente o Sedena. #ReformaGuardiaNacional pic.twitter.com/tDuO1ARZa3
— Cristian Alegría 🌟 (@CrisAlegria_) June 24, 2025
La ambigüedad del texto no precisa si los militares podrán contender como candidatos en campañas políticas, ni qué tipo de cargos podrían ocupar, lo que ha provocado preocupación entre sectores académicos y de derechos humanos.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la reforma representa una “amenaza directa” al modelo constitucional de seguridad pública, al institucionalizar un cuerpo armado bajo control militar y sin mecanismos de supervisión civil.
“El Gobierno pretende disfrazar de armonización legislativa lo que en realidad es la consolidación de un modelo autoritario, opaco y regresivo. No vamos a avalar una iniciativa que entrega el control absoluto de la seguridad pública a la Sedena, sin rendición de cuentas, sin límites temporales y sin respeto a los derechos humanos”, sostuvo Romero.
También denunció que el proyecto reincorpora prácticas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, como operaciones encubiertas y uso de identidades falsas, además de facultar a la Guardia Nacional para realizar geolocalización en tiempo real sin orden judicial, violando la privacidad y la presunción de inocencia.
La posibilidad de que elementos en activo del Ejército o Guardia Nacional ocupen cargos políticos activa una señal de alerta en un país con antecedentes de excesiva concentración de poder. Para expertos en derecho constitucional, el dictamen difumina los límites entre las instituciones civiles y militares, y abre una ventana para el uso político del aparato castrense.
Además, la iniciativa contradice recomendaciones internacionales como las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha subrayado que los militares no deben asumir funciones propias del ámbito civil, incluyendo la participación directa en procesos electorales.
Aún sin fecha definida para su votación en el pleno, el dictamen podría ser aprobado en las próximas sesiones ordinarias, a pesar de las advertencias. Desde ya, partidos de oposición y colectivos ciudadanos analizan posibles acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que esta reforma viola principios fundamentales del orden democrático y de control civil sobre las fuerzas armadas.
