Por| Cristian Alegría
Tapachula, Chis. (Balance México 13 Julio 2026).-El activista Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana A.C., denunció presuntas irregularidades al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 3 (CERSS 3) de Tapachula, donde señaló que internos y familiares enfrentan cobros, restricciones y posibles actos de corrupción.
Villagrán afirmó que, tras acudir al penal y dialogar con familiares de personas privadas de la libertad, constató que el supuesto operativo difundido en redes sociales donde se habrían decomisado teléfonos celulares y objetos prohibidos no habría ocurrido.
“Nos dimos a la tarea de ir a ese centro, preguntar e indagar sobre la veracidad de los hechos y resultó que no hubo operativo alguno”, señaló el activista, quien agregó que la situación que viven los internos es distinta a la información difundida públicamente.
En un documento dirigido a Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el representante del Centro de Dignificación Humana acusó la existencia de un presunto autogobierno dentro del CERSS 3, donde, aseguró, internos y familiares serían sometidos a cobros por distintos servicios y privilegios.
El activista Luis Rey García Villagrán denunció presunto autogobierno, cobros ilegales y amenazas contra internos del CERSS 3 de Tapachula. Pidió la intervención de la CEDH para investigar los hechos. @CdhFrayba pic.twitter.com/WQOE3qT3s5
— Cristian Alegría 🌟 (@CrisAlegria_) July 14, 2026
Entre los señalamientos mencionó que los internos estarían pagando por sus uniformes, que las visitas familiares serían modificadas para realizarse en áreas externas y que existirían cobros por el uso de espacios destinados para esperar durante los encuentros.
También denunció presuntas restricciones a actividades deportivas y religiosas, además de señalar que los traslados a otros centros penitenciarios serían utilizados como una forma de presión contra quienes buscan denunciar las condiciones al interior del penal.
“Los internos tienen miedo, están padeciendo una situación de presión física, mental y psicológica; es muy importante la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para proteger su integridad y la de sus familias”, expuso.
Villagrán solicitó a la autoridad de derechos humanos investigar los hechos y garantizar que se cumpla el objetivo de reinserción social establecido en el artículo 18 constitucional, mediante trabajo y educación, además de evitar posibles represalias contra internos y familiares.
