A casi 5 meses del cateo de la FGR, acusan falta de vigilancia y denuncian saqueo en la Pensión La Cascada de Tapachula
Enrique Cuarto Martínez de Pinillos Barrientos, arrendatario de la Pensión La Cascada, denuncia que tras el cateo federal del 25 de mayo el inmueble quedó sin vigilancia y posteriormente fueron sustraídas maquinaria y piezas valuadas en más de 200 mil pesos.
Por| Cristian Alegría
Tapachula, Chis. (Balance México 10 Septiembre 2026).-Cuatro meses sin poder trabajar, pérdidas económicas de alrededor de mil 500 pesos diarios y la desaparición de maquinaria y piezas con un valor superior a 200 mil pesos son parte de las afectaciones que denuncia Enrique Cuarto Martínez de Pinillos Barrientos, arrendatario de la Pensión La Cascada, inmueble que permanece asegurado después de un operativo federal realizado el pasado 25 de mayo en Tapachula.
La pensión se localiza sobre la carretera Costera, en el kilómetro 287.5, en el tramo Tapachula-Viva México. De acuerdo con el arrendatario, durante más de dos décadas ha ocupado legalmente el inmueble para prestar el servicio de pensión vehicular, además de contar con una bodega que construyó en el lugar para almacenar herramientas, fierros y otros bienes de su propiedad.
El 25 de mayo de 2026, elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de la Guardia Nacional y como parte de un operativo federal, ejecutaron una orden de cateo en el inmueble. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, las autoridades aseguraron droga, armas largas, armas cortas y granadas.
Tras la diligencia, el inmueble quedó asegurado con sellos oficiales y bajo disposición del Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, Enrique Cuarto Martínez de Pinillos Barrientos sostiene que no se dejó personal encargado de vigilar permanentemente el lugar, pese a que en el interior permanecían bienes particulares y maquinaria.
El arrendatario relató que el 28 de mayo acudió a revisar las condiciones del inmueble y detectó que varios camiones y una maquinaria pesada que permanecían bajo su resguardo ya no se encontraban en el sitio.
Entre los bienes que reporta como desaparecidos se encuentra una maquinaria utilizada para perforaciones, además de ruedas de fierro y otras piezas. Posteriormente, el 5 de junio, aseguró haber observado la salida de un camión con plataforma y grúa que presuntamente retiraba más componentes de la maquinaria, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.
El afectado afirma que acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Tapachula para informar sobre lo ocurrido y proporcionar sus datos de contacto, pero señala que no recibió posteriormente una respuesta que le permitiera resolver la situación.
“Ya son cuatro meses sin trabajar, ha habido pérdidas económicas y seguimos pagando la pensión. Nosotros pedimos poder abrirla para poder entrar y que no se sigan robando las cosas; quisiéramos saber cómo podemos recuperar nuestros bienes y volver a abrir”, señaló Enrique Cuarto Martínez de Pinillos Barrientos, arrendatario de la Pensión La Cascada.
El conflicto también involucra la situación del arrendamiento del inmueble. Martínez de Pinillos Barrientos sostiene que, aunque los propietarios decidieron rentar posteriormente el establecimiento a otra persona, él ha continuado realizando depósitos de renta ante el Juzgado Primero de lo Civil, mientras busca resolver jurídicamente la situación.
De acuerdo con su relato, el cierre de la pensión le representa una pérdida aproximada de mil 500 pesos diarios por la imposibilidad de trabajar, además del valor de los bienes que asegura fueron sustraídos mientras el inmueble permanecía asegurado.
El caso es acompañado por Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización de mujeres Movimiento por una Justicia Social en Tapachula, quien cuestionó que después de un operativo federal se haya dejado el inmueble sin vigilancia, pese a que los sellos impedían el acceso al arrendatario.
Méndez Hernández aclaró que la organización no cuestiona la realización de operativos contra actividades ilícitas, sino la falta de atención posterior para las personas que pueden resultar afectadas cuando sus bienes quedan dentro de un inmueble asegurado.
“Los operativos están bien y no estamos en contra de ellos, pero debe existir coordinación y dejar una mesa de trámite local o personal que pueda atender a las personas afectadas; si se asegura un inmueble, también debe existir responsabilidad sobre lo que queda dentro”, afirmó Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización de mujeres Movimiento por una Justicia Social en Tapachula.
A casi cuatro meses del cateo de la FGR, la Pensión La Cascada en Tapachula permanece cerrada y su arrendatario denuncia saqueo de maquinaria y pérdidas económicas por la falta de vigilancia. @FGRMexico pic.twitter.com/XlEBG8cUB0
— Cristian Alegría 🌟 (@CrisAlegria_) September 10, 2026
La representante señaló que han acudido a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Tapachula para solicitar información sobre el caso, pero, según expuso, se les ha indicado que el asunto corresponde a instancias federales en la Ciudad de México, situación que, dijo, obliga al afectado a realizar gastos adicionales para buscar atención.
Los inconformes también señalaron que ya existe una denuncia relacionada con la sustracción de bienes y solicitaron que se determine quién debe responder por las pérdidas registradas mientras el inmueble permanecía bajo aseguramiento.
Por ahora, la Pensión La Cascada continúa sin operar y Enrique Cuarto Martínez de Pinillos Barrientos pide una respuesta de las autoridades que permita esclarecer la desaparición de sus bienes, determinar responsabilidades y conocer bajo qué condiciones podrá recuperar el acceso al inmueble y reanudar sus actividades.
