Tapachula, Chis. (Balance México 03 Agosto 2026).-Hay una máxima en el servicio público que muchos funcionarios olvidan apenas se sientan en el escritorio, el cargo es para servir, no para someter. Cuando el poder se ejerce con soberbia, intimidación o indiferencia, deja de ser autoridad para convertirse en abuso.
Eso es precisamente lo que hoy denuncian más de un centenar de Servidores de la Nación de la Región IX de la Secretaría de Bienestar en Tapachula. Y lo más grave no es únicamente el cúmulo de señalamientos contra el delegado regional, José Luis Elorza Flores.
Lo verdaderamente preocupante es que, de acuerdo con los trabajadores, las denuncias fueron presentadas desde hace semanas ante la delegada estatal, Manuela Obrador Narváez, sin que existiera una respuesta que atendiera el conflicto. Cuando una autoridad conoce una denuncia y no actúa con la diligencia debida, la percepción de impunidad se fortalece.
Los Servidores de la Nación no están pidiendo privilegios. Exigen respeto a sus derechos laborales. Denuncian jornadas de más de diez horas diarias, trabajo de lunes a domingo, ausencia de descansos, traslados sin apoyo económico y un ambiente que describen como hostil. Si estas condiciones son ciertas, resulta contradictorio que la dependencia encargada de impulsar el bienestar social sea señalada por quienes la hacen funcionar todos los días.
Pero el conflicto adquiere otra dimensión cuando también se plantean presuntas irregularidades en la operación de programas sociales. Son acusaciones delicadas que no pueden despacharse con comunicados de silencio ni esconderse debajo del escritorio. Cada peso destinado a combatir la pobreza pertenece a los mexicanos, no a los intereses de ningún grupo político ni al patrimonio de ningún funcionario.
Lo que hoy ocurre en Tapachula no puede reducirse a un problema interno. Es un asunto de gobernabilidad y de credibilidad institucional. Porque cuando quienes llevan los programas a las comunidades denuncian posibles abusos, la confianza de la ciudadanía también resulta afectada.
Más delicado aún es el señalamiento realizado por los propios trabajadores respecto al fallecimiento de una Servidora de la Nación el pasado 25 de junio, quienes consideran que las condiciones laborales deben investigarse como parte del contexto del caso. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos con absoluta objetividad y determinar si existió alguna responsabilidad. Un caso de esa naturaleza merece una investigación seria, no indiferencia.
El Gobierno Federal no puede permitir que la Secretaría de Bienestar sea utilizada como un espacio donde las denuncias se archivan y las inconformidades se administran políticamente. Si las acusaciones carecen de sustento, debe demostrarse mediante investigaciones imparciales. Pero si existen responsabilidades administrativas o penales, no basta con cambiar de discurso, deben aplicarse las sanciones que correspondan.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que la transformación no admite corrupción, abusos ni influyentismo. Entonces ha llegado el momento de demostrar que esos principios también alcanzan a quienes forman parte de la estructura de Bienestar. Nadie puede escudarse en un apellido, en una amistad política o en un antiguo cargo legislativo para sentirse intocable. La ley no reconoce privilegios de sangre ni de grupo.
Los Servidores de la Nación bloquearon las oficinas porque, según afirman, dejaron de creer que sus denuncias serían escuchadas por los canales institucionales. Y cuando los trabajadores de una dependencia federal sienten que la única forma de ser atendidos es cerrar instalaciones y viajar hasta la Ciudad de México para entregar personalmente un pliego petitorio, queda en evidencia que algo dejó de funcionar dentro de la propia institución.
Porque el bienestar no se construye con discursos ni con propaganda. Se construye con legalidad, con respeto a la dignidad humana y con servidores públicos que entiendan que el poder es temporal, pero las consecuencias de abusar de él permanecen. Si la Secretaría de Bienestar pretende conservar la confianza de los mexicanos, este caso no puede terminar en el archivo del olvido. Exige investigaciones, respuestas y, si las responsabilidades se acreditan, consecuencias.
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