Tapachula, Chis. (Balance México 25 Agosto 2025).-En la costa de Chiapas, el paso de transmigrantes centroamericanos se ha convertido en una ruta plagada de abusos, amenazas y extorsiones. Lo que debería ser un simple punto de revisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se ha transformado en un peaje ilegal donde la “cuota” no la dicta la ley, sino el bolsillo de los agentes federales.
Las denuncias son claras y públicas: guatemaltecos y otros migrantes relatan cómo son interceptados, intimidados y forzados a entregar sumas que van desde unos cuantos miles hasta más de 12 mil pesos para “permitirles” continuar su trayecto. El caso más reciente, del pasado 8 de agosto, revela con crudeza el modus operandi: un migrante guatemalteco tuvo que pedir a su familia en su país que depositara directamente a la cuenta de un agente de la FGR para poder librar el retén. Un acto descarado, captado en videos que circulan en redes sociales y que exhiben la corrupción en su estado más puro.
Tras la primer denuncia publicada por la revista Perspectivas y este tecleador, se abrió la caja de Pandora y los demonios hicieron de las suyas, los afectados se armaron de valor e hicieron llegar los videos “evidencias” a otros medios de comunicación que a veces tienen miedo de alzar la voz por quienes no pueden. Los elementos de la FGR un poco desesperados trataron además de pedir favor a cambio a otros “policías” para que se bajaran las quejas de las redes sociales sin embargo no obtuvieron eco.
Este patrón de abuso se ha convertido en un sistema, un negocio tan predecible como indignante. La política de “cero corrupción y cero impunidad”, puesta en marcha por el gobierno de Chiapas y que ha dado buenos resultados, no es imitada por los agentes federales que actúan como caciques con charola, saqueando a quienes ya viajan en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El delegado en Chiapas, Felipe Neri León, tiene la obligación no solo moral, sino legal, de desarticular este esquema de corrupción. Callar o minimizar el problema es hacerse cómplice. La impunidad que impera no solo erosiona la credibilidad de la FGR, sino que también golpea la economía local.
La situación ha llegado al punto de que empresarios guatemaltecos y autoridades de ese país mantienen vigente una alerta para que sus ciudadanos eviten Tapachula y la región Costa de Chiapas. No se trata solo de percepción, sino de un colapso real: hoteles, restaurantes, comercios y transportistas ven mermar sus ingresos porque la imagen que cruza la frontera es la de un territorio inseguro y hostil.
Por si esto fuera poco allá por el kilómetro 10, los agentes de la FGR montaron un nuevo operativo el pasado domingo 17 de este mes, cubiertos con pasamontañas revisaron a algunos vehículos e incluso cuestionaban hacia dónde ibas o de dónde venías. Operativo de revisión en día domingo y sobre todo tipo 9 de la noche, algo sospechoso.
A esto se sumó el mismo operativo montado en el kilómetro 10, por donde se está construyendo una gasolinera “GGP”, pero ahora brincó la población y algunos líderes sociales, quienes expusieron su malestar por los abusos que comenten los elementos.
Incluso se evidenció que la FGR en Chiapas tiene pocos elementos, mismos que portan un uniforme único y que los distingue de otras corporaciones sin embargo existe elementos tipo “madrina”, que son ex policías federales y que son los que se dedican a extorsionar a la población, todo ello permitido por el delegado en Chiapas, quién está operando de la misma forma como operó en otra entidad del país.
El daño está hecho. Mientras los agentes corruptos cuentan billetes en los retenes, Chiapas pierde inversiones, oportunidades y reputación. El combate a la extorsión no puede ser una consigna de escritorio; requiere decisiones firmes y acciones inmediatas. Si la FGR quiere recuperar la confianza, debe empezar limpiando su propia casa.
Don Felipe Neri León, recuerde algo, cuando la justicia se arrodilla ante la corrupción, deja de ser justicia para convertirse en un negocio más.
Contacto: checha.informa@gmail.com
