Por| Cristian Alegría 

Tapachula, Chiapas (Balance México 08 Julio 2026).- La presencia de corporaciones estatales generó momentos de tensión este miércoles en la colonia Las Conchitas, donde se preveía la ejecución de un desalojo derivado de un litigio por la propiedad de un predio de 17 hectáreas. Sin embargo, tras varias horas de diálogo entre los habitantes, representantes del propietario y autoridades, las partes acordaron continuar una negociación, por lo que el operativo no concluyó con el retiro de las familias.

Detrás del conflicto, que se arrastra desde 2009, los colonos aseguran haber sido víctimas de un presunto fraude en la venta de los terrenos, pues afirman que adquirieron los lotes convencidos de que la documentación era legal y que no existía ningún problema jurídico.

El presidente de la colonia, Carlos Arturo Pinto Mandujano, explicó que durante años los habitantes fueron representados por personas que les aseguraban que todo se encontraba en regla, incluso cuando ya existían mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo con su versión, los terrenos fueron comercializados por Artemio y Delia García, quienes, dijo, se presentaban como representantes del predio. Los lotes se ofrecían entre 25 y 35 mil pesos; algunos fueron liquidados de contado y otros mediante un enganche de cinco mil pesos y pagos mensuales de dos mil pesos.

“Nosotros compramos, no somos paracaidistas. Todo indica que fuimos engañados y ahora queremos que esto se resuelva sin afectar a las familias”, expresó Pinto Mandujano durante la reunión con los habitantes.

El dirigente señaló que en la colonia viven entre 200 y 300 familias. Mientras algunas lograron construir viviendas de material de dos y hasta tres niveles, otras apenas cuentan con casas improvisadas, por lo que insistió en que cualquier solución deberá tomar en cuenta la capacidad económica de cada propietario.

También pidió la intervención del gobernador y del Ayuntamiento de Tapachula para que acompañen las negociaciones y se evite un conflicto social, al considerar que la mayoría de los habitantes adquirió los terrenos de buena fe.

Durante el encuentro, el representante legal de la parte que reclama la propiedad del inmueble explicó a los colonos que el litigio inició desde 2009 y que, tras el proceso judicial, un juez ordenó la restitución del predio a favor de Luis Octavio “N”, a quien identificó como propietario.

Explicó que antes de intentar la recuperación del terreno se agotó el protocolo de desalojos, con la intervención de la Secretaría de Gobierno como mediadora, realizándose durante varios meses mesas de trabajo tanto en Tapachula como en Tuxtla Gutiérrez.

Según su versión, durante el juicio algunas personas presentaron documentos que supuestamente acreditaban la propiedad de los lotes; sin embargo, sostuvo que éstos resultaron apócrifos y que no existían registros notariales ni en el Registro Público de la Propiedad.

El abogado afirmó además que durante las mesas de negociación advirtió a Delia García que dejara de vender terrenos porque el predio se encontraba en litigio, pero aseguró que la comercialización continuó, provocando que más personas adquirieran lotes sin conocer la situación legal.

“Nosotros no nos ganamos nada con arrancarlos; siempre hemos buscado una solución y les ofrecimos celebrar contratos de compraventa formalizados ante notario para que cada familia pudiera obtener su escritura de manera legal”, manifestó el representante del propietario.

Durante la reunión también se informó que anteriormente se solicitó a quienes encabezaban la representación de la colonia presentar las escrituras originales y demás documentos que acreditaran la propiedad de los terrenos, aunque, de acuerdo con la parte demandante, éstos no acreditaban legalmente la posesión del inmueble.

Al finalizar el encuentro, ambas partes aceptaron mantener abierta la negociación para buscar un mecanismo que permita regularizar la situación de las familias que compraron de buena fe, evitando que el conflicto escale.

Por su parte, los colonos adelantaron que, una vez que exista certeza sobre el futuro de sus viviendas, analizarán presentar denuncias contra quienes presuntamente los engañaron con la venta de los terrenos, al considerar que cientos de familias invirtieron sus ahorros para construir un patrimonio que hoy permanece en la incertidumbre.

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