- Denuncian presunto nepotismo, aviadores y uso discrecional de recursos públicos en la UPTap.
Tapachula, Chis. (Balance México, Diciembre 18). La Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), creada para formar profesionistas y fortalecer el desarrollo regional, hoy enfrenta señalamientos graves que la colocan en el centro de una posible red de nepotismo y simulación administrativa bajo la dirección de Javier Yau Dorry.
De acuerdo con una denuncia ciudadana documentada, en la nómina de la institución aparece Liliana Esther López León, identificada como pareja sentimental del director, con un salario mensual aproximado de 22 mil pesos. La acusación no solo apunta al evidente conflicto de interés, sino a un hecho aún más delicado: la funcionaria presuntamente no desempeña labores dentro de la universidad, situación que estaría respaldada con recibos de nómina y un oficio de exención de firma de entrada y salida, un privilegio que no se concede al resto del personal.
De confirmarse, este caso no solo evidenciaría nepotismo, sino la posible existencia de un “aviador” pagado con recursos públicos, en una institución que enfrenta carencias, necesidades académicas y limitaciones presupuestales que afectan directamente a estudiantes y trabajadores.
A este señalamiento se suma el nombramiento de Iván Marroquín, familiar cercano del director, como director de Recursos Humanos, un cargo estratégico desde el cual se controla la contratación, permanencia y condiciones laborales del personal. La designación ha generado suspicacias fundadas sobre el manejo discrecional de la nómina y la ausencia de controles internos efectivos.
Los denunciantes advierten que estos hechos no serían casos aislados, sino parte de una práctica sistemática que habría convertido a la UPTap en un espacio de acomodo familiar y favores personales, desviando su razón de ser y vulnerando los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Hasta el momento, la Dirección de la Universidad Politécnica de Tapachula ha guardado silencio frente a estos señalamientos. Un mutismo que, lejos de aclarar, agrava la percepción de opacidad y posible encubrimiento.
Ante la gravedad de las acusaciones, resulta urgente la intervención de los órganos de control interno, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, así como de las instancias fiscalizadoras correspondientes, para auditar los nombramientos, revisar la nómina y deslindar responsabilidades. La educación pública no puede ser rehén de intereses personales ni botín de familia.
