Tapachula, Chiapas. (Balance México 28 Abril 2025).-Ciudadanos han solicitado de manera urgente la investigación de funcionarios adscritos a la Subdirección de Servicios Periciales de Tapachula, entre ellos un servidor público proveniente de San Cristóbal de las Casas, ante diversas denuncias por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, usurpación de funciones y tráfico de influencias.
En documentos y testimonios entregados a la redacción de este medio, se señala directamente al licenciado Martín Moisés Meneses Cruz, quien asumió el cargo de encargado de la Subdirección de Servicios Periciales Altos hace aproximadamente un año, a pesar de contar con escasa experiencia en el área.
De acuerdo con los denunciantes, Meneses Cruz ha mostrado un desempeño autoritario y negligente, dependiendo de la asesoría de su secretario, Ángel de Jesús Pérez Rodríguez, para la toma de decisiones técnicas, evidenciando su falta de preparación.
Testimonios recabados refieren que ambos funcionarios habrían tejido una red de corrupción desde sus oficinas, vendiendo información interna a particulares y manipulando peritajes en favor de determinados intereses.
Asimismo, se les acusa de lucrar con la venta de insumos oficiales, como bolsas para cadáveres, guantes y trajes de bioseguridad, desviándolos para su comercialización en funerarias locales.
Otro señalamiento apunta que Ángel de Jesús Pérez Rodríguez estaría usurpando funciones de médico legista, atendiendo a usuarios sin contar con la capacitación ni certificación correspondientes, poniendo en riesgo procedimientos oficiales durante su gestión en San Cristóbal de las Casas.
Además, ambos son acusados de vender resultados de pruebas antidoping a policías ministeriales a cambio de mil pesos por documento.
Un caso que llama la atención es el presunto enriquecimiento ilícito de Meneses Cruz, quien en menos de un año pasó de poseer un vehículo de bajo costo a conducir un automóvil de lujo marca SEAT, aparentemente adquirido a través de prestanombres, ya que su salario como servidor público no justificaría tal compra.
Según las denuncias, parte de las ganancias ilícitas obtenidas serían entregadas en forma de “cuotas” a su superiora directa, la licenciada Marlith R, jefa del Departamento de Criminalística de Campo.
Rivas Nucamendi también enfrenta acusaciones graves, como el presunto robo de una bolsa de lujo perteneciente a una víctima fallecida con dinero en efectivo, además del indebido resguardo de bases de datos personales de trabajadores de Servicios Periciales en su teléfono móvil, lo que representa un claro mal manejo de información sensible.
Ciudadanos preocupados por la corrupción dentro de las instituciones públicas han solicitado formalmente que se investigue al ingeniero Enoch Tirado Mina, actual coordinador de Servicios Periciales en Tapachula. De acuerdo con diversas denuncias, el funcionario ha acumulado una considerable fortuna que incluye propiedades en Playa Linda, vehículos tipo cuatrimoto en Mazatán y varias casas en Tuxtla Gutiérrez, bienes que resultan incongruentes con su salario como perito.
Las acusaciones señalan que el origen de su patrimonio estaría relacionado con la presunta venta de documentos de la fiscalía de migrantes, es decir venta de denuncias por robo o asalto a migrantes para que ellos pudieran entrar como víctimas y las autoridades podían darle asilo en mexico, actividad que habría realizado durante su gestión en la Fiscalía de Migrantes, además de haber acosado sexualmente a una compañera de trabajo y a tres jóvenes meritorias mientras se encontraba en estado de ebriedad. Trascendió que ya existe una carpeta de investigación abierta en su contra.
Ante este panorama, se exige la intervención inmediata del Fiscal General del Estado para llevar a cabo una profunda depuración en la Fiscalía General de Chiapas, destituyendo a los funcionarios señalados y garantizando transparencia y profesionalismo en los servicios periciales.
A través de una denuncia anónima, se expresó una profunda preocupación y malestar por los recientes cambios administrativos, denunciando la imposición de jefes con antecedentes de corrupción y acoso sexual y laboral.
Desde la llegada de Martín Meneses Cruz como subdirector de Servicios Periciales y de Enoch Tirado Mina como coordinador de peritos, han resurgido viejas denuncias relacionadas con sus anteriores cargos. Meneses Cruz fue señalado en su momento por múltiples casos de acoso laboral cuando estuvo al frente de la Subdirección de Peritos de la Fiscalía, mientras que Tirado Mina acumuló acusaciones de cobros indebidos a estudiantes de servicio social y de acoso sexual en la Fiscalía de Inmigrantes de Tapachula.
A pesar de que estos señalamientos fueron expuestos públicamente en redes sociales, ambos lograron evadir consecuencias gracias, presuntamente, a sus influencias y a la manipulación de pruebas. Además, Tirado Mina ha sido acusado de imponer a un solo proveedor de servicios funerarios para obtener beneficios económicos, así como de cobrar ilegalmente por la expedición de certificados médicos de causa de muerte.
La inconformidad se agrava ante el traslado forzado de varios peritos a otras ciudades, como Tuxtla Gutiérrez, sin ofrecerles condiciones adecuadas para su reubicación, afectando su estabilidad económica y familiar.
En su denuncia, los afectados pidieron la intervención del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del Fiscal General, exigiendo que sus quejas no sean ignoradas.
Los denunciantes concluyen que es indispensable devolver la credibilidad a las instituciones de procuración de justicia en Chiapas, particularmente en un momento en el que el actual gobernador ha manifestado su compromiso con un cambio real en el estado.
