Por| Cristian Alegría
Ciudad de México (Balance México 24 de abril de 2025).-Con un Senado dominado por Morena, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 dio un paso al frente este jueves al ser aprobada en comisiones con 29 votos a favor y 9 en contra. El dictamen, un documento de 226 páginas y 283 artículos, está listo para el Pleno el próximo lunes, pero su avance ha desatado una tormenta de críticas. El senador Ricardo Anaya (PAN) lidera la resistencia, calificando la reforma como una “Ley Censura” que amenaza con entregar al Ejecutivo un control autoritario sobre medios, plataformas digitales y la libertad de expresión. Mientras tanto, Sheinbaum intenta apaciguar las críticas, pero sus palabras de hoy solo avivan las dudas.
La reforma propone eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un regulador autónomo que desde 2013 ha garantizado competencia y pluralidad en el sector. En su lugar, surgiría la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, un aliado de Sheinbaum. Esta entidad tendría poderes casi ilimitados: otorgar y revocar concesiones de radio y televisión, supervisar contenidos en medios y plataformas digitales, y “rescatar” frecuencias por motivos tan ambiguos como “interés público” o “seguridad nacional”. El artículo 109, el más polémico, permite a la Agencia ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales por incumplimientos normativos, una disposición que Anaya y expertos ven como una herramienta de represión.
El origen de la iniciativa fue la difusión de anuncios antiinmigrantes pagados por Estados Unidos en medios mexicanos, que Sheinbaum calificó de “discriminatorios”. La presidenta propuso prohibir la propaganda extranjera, una medida que, según ella, protege la soberanía. Sin embargo, Ricardo Anaya desarmó este argumento en un discurso incendiario. “Es una falacia que ese artículo estuviera en la ley anterior. Usan el tema migratorio para justificar un control totalitario sobre la narrativa pública”, acusó. Anaya denunció el proceso como un “albazo legislativo”, señalando que el dictamen se publicó a las 22:00 horas del miércoles para discutirse a las 10:00 del jueves. “Ni los senadores de Morena lo han leído. Esto es un asalto a la democracia”, afirmó.
En su conferencia matutina de hoy, Sheinbaum intentó calmar las aguas. “Hay libertad de expresión. La Agencia Digital no tendrá atribuciones para cancelar plataformas. Eso tiene que ver con otras leyes, pero la Agencia, bajo petición, puede bajar plataformas”, aseguró desde el Palacio Nacional. Sin embargo, sus palabras, lejos de aclarar, generan más incertidumbre. ¿Qué leyes? ¿Qué tipo de “petición”? La vaguedad de su declaración refuerza las sospechas de que la Agencia podría convertirse en un instrumento de censura selectiva, especialmente contra voces críticas al régimen.
La oposición, con figuras como Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) y Lilly Téllez (PAN), ha cerrado filas contra la reforma. Barrales lamentó la ausencia de un parlamento abierto, mientras Téllez advirtió que la ley “busca apagar redes sociales y silenciar a la prensa disidente”. Organizaciones como Article 19 México han sido tajantes: la centralización del control y las sanciones de hasta el 5% de los ingresos de los concesionarios abren la puerta a la represión. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones calificó la iniciativa como “un retroceso autoritario” que desmantela los avances de la reforma de 2013, la cual redujo costos de telefonía en un 33% y reconoció el acceso a internet como un derecho fundamental.
El oficialismo, representado por el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima (Morena), insiste en que la ley promoverá la “soberanía comunicativa” y la conectividad rural a través de proyectos como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Sin embargo, estas promesas palidecen ante la realidad: México ocupa el décimo lugar en penetración de internet en América Latina, y la desaparición del IFT, un organismo elogiado por la OECD, podría disuadir la inversión extranjera.
La reforma llega en un contexto de polarización, con Morena controlando el Congreso y 23 de los 32 estados. Sheinbaum, con una aprobación del 68% según Mitofsky, parece confiada, pero su silencio ante las críticas y su ambigüedad de hoy no hacen más que alimentar el temor a un regreso al control estatal de los medios, reminiscente de los peores momentos del PRI. Mientras el Pleno se prepara para votar, Anaya y la sociedad civil claman por un freno a lo que consideran un golpe a la libertad.
