Tapachula Chis.(Balance México, Mayo 13). Padres de familia de alumnos de sexto semestre de la Preparatoria Número 2, turno matutino, alzaron la voz contra un presunto cobro arbitrario de 650 pesos impuesto por la dirección del plantel para la entrega de certificados y documentación de graduación, una medida que calificaron como abusiva, poco transparente y alejada de la realidad económica que enfrentan cientos de familias.
La inconformidad estalló durante una protesta pacífica realizada a las afueras de la institución, donde madres y padres acusaron directamente a la directora, Laura Magnolia Betanzos Cruz, de negarse a sostener una reunión general para explicar el destino de los recursos y justificar el motivo de un cobro que, aseguran, jamás fue consensuado.
De acuerdo con los denunciantes, el pago incluye artículos considerados innecesarios como fotografías, un folder personalizado y hasta un llavero, gastos que para muchas familias representan un golpe más a su economía.
“Prácticamente se los manejan como una amenaza: que si no pagan, no les entregarán los documentos. La directora sabe perfectamente que no puede retener certificados ni papeles oficiales de nuestros hijos”, denunció Isela, madre de una estudiante de sexto semestre.
La molestia creció luego de que trascendiera que alrededor de 360 alumnos egresarán este año, lo que representaría una recaudación superior a los 230 mil pesos, cifra que los padres consideran excesiva y carente de transparencia.
A ello se suma otra decisión que ha provocado indignación: la intención de realizar la ceremonia de graduación en el Teatro de la Ciudad permitiendo únicamente el acceso de un familiar por estudiante, medida que calificaron como insensible y contradictoria para un evento que debería celebrarse en familia.
Claudia, otra madre inconforme, señaló que desde principios de abril solicitaron información detallada sobre el desglose del costo y los servicios incluidos, pero la dirección únicamente ha respondido con evasivas.
“Pedimos una reunión formal para que nos explicaran en qué se basaron para fijar una cuota de 650 pesos por alumno, pero hasta hoy la directora no ha dado la cara”, reclamó.
Los padres recalcaron que el problema no radica únicamente en el monto económico, sino en el temor de que la documentación escolar sea retenida, afectando directamente a los jóvenes que requieren sus certificados para trámites universitarios, fichas académicas e inscripciones de nivel superior.
Mientras tanto, la dirección del plantel guarda silencio frente a las acusaciones, aumentando el malestar entre las familias que consideran inadmisible que una institución educativa pública pretenda convertir un trámite académico en un negocio disfrazado de graduación.
